Crean Instituto para legalizar la nueva piñata
María José Uriarte R.
Los diputados aprobaron con 61 votos a favor, la Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de la Propiedad Reformada Urbana y Rural, el que tendrá una vigencia de cinco años, tiempo que consideran prudente para resolver los problemas de propiedad que afectan a Nicaragua desde administraciones pasadas.
Aunque inicialmente se planteaba la creación de una Superintendencia de la Propiedad, los legisladores optaron por cambiarlo a un Instituto, porque destacaron que el objetivo no es establecer un órgano regulador de la propiedad, sino ejecutor de las legislaciones existentes en la materia, por lo que se procedió a hacer una mutación legal de un término a otro.
La ley consta de 49 artículos, avanzando en la discusión en lo particular hasta el artículo 30, es decir, más del 50 por ciento de la totalidad de la misma.
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, uno de los mocionistas de la ley, explicó que el Instituto de la Propiedad absorbe todas las funciones y atribuciones que diferentes leyes y decretos le han otorgado a diferentes instituciones públicas para resolver el tema de la propiedad, entre ellas las Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap), y la Oficina de Titulación Rural (OTR), por lo que el Instituto va a ser el garante de buscar respuestas concretas a esa problemática.
“Prácticamente desaparecen las instancias, porque dejan de tener razón y sentido, pero la verdad no es un desplome, porque si le preguntan a las personas, dirán que no han hecho nada, hay 60 mil títulos sin resolver, sin girar”, argumentó Gutiérrez.
Afirmó que el plazo de cinco años que se define para la vigencia del Instituto de la Propiedad, es un mensaje claro que deja la Asamblea Nacional, para que en ese período la institución resuelva todo lo concerniente a la temática de la propiedad, generando paz social y seguridad jurídica.
Otro elemento que enmarca la ley, es que la persona designada como director del Instituto, tiene la obligación de rendir informes trimestrales a la Comisión de Justicia, para brindar un seguimiento detallado al avance del proceso de titulación, tanto de las empresas del Estado en manos de trabajadores como de las propiedades reformadas urbanas y rurales; asimismo, presentará informes anuales ante el plenario de la Asamblea Nacional.
Señaló que la falta de voluntad política de los últimos tres gobiernos, fue lo que motivó la creación del Instituto, para así poner punto final a un problema que ha ocasionado innumerables muertes, a lo que agregan la indolencia de las autoridades, y los reclamos que hacen campesinos, que no son tomados en cuenta.
UN CAMBIO DE 180 GRADOS
Aunque los diputados están conscientes de que no se puede garantizar en un cien por ciento que el Instituto va a resolver la problemática de la propiedad, al menos aseguran que representará un cambio de 180 grados en el tratamiento del tema.
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