DESDE WASHINGTON
Los retos del presidente guatemalteco
Marcela Sánchez
El mes entrante se cumplen ocho años desde que Guatemala puso fin a sus 36 años de guerra civil con la promesa de superar la profunda desigualdad social que llevó al conflicto. En importantes aspectos, sin embargo, la situación de la Guatemala de post guerra parece peor.
El país de 14 millones de habitantes continúa teniendo uno de las mayores disparidades de riqueza del mundo, donde el 20 por ciento de la población controla el 80 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que una mayoría, principalmente indígena, vive en la pobreza. Hasta ahora ningún gobierno ha podido o querido acercarse a la meta de los acuerdos de paz de 1996 de aumentar la carga tributaria del país, una de las más bajas del mundo, al 12 por ciento del PIB.
Como consecuencia, el gobierno se ve constantemente en aprietos, dado que el país más poblado de América Central tiene la carga tributaria más baja de la región y la más baja inversión pública en salud y educación. Si a ello se añaden los efectos del pendiente Tratado de Libre Comercio de Centro América con Estados Unidos —una reducción de ingresos en medio punto porcentual del PIB, según el Banco Interamericano de Desarrollo, y el inevitable desplazamiento de trabajadores y campesinos— los compromisos del 96 se hacen todavía más urgentes.
A diferencia de la mayoría de los países en América Latina que ha elegido candidatos de la izquierda para responder a las crecientes disparidades entre ricos y pobres, hace casi un año los guatemaltecos fincaron sus esperanzas en un político de derecha. Habían ensayado con un presidente de izquierda pero el experimento fracasó después de cuatro años de escándalos de corrupción. Ahora el Presidente guatemalteco Oscar Berger debe hacer lo que líderes de izquierda están intentando a lo largo de la región —lograr mayor paridad social a través de un híbrido de políticas de izquierda y de derecha.
En muchos aspectos, Berger, un antiguo empresario, es un conservador típico. Ha prometido reducir el tamaño del gobierno y espera llegar al final de su mandato sin ningún déficit presupuestario y sin aumentar los impuestos.
Era de esperarse entonces que la Misión de Naciones Unidas en Guatemala, que está cerrando sus oficinas después de 10 años, advirtiera en un informe final emitido la semana pasada que la falta de un drástico cambio en la agenda impositiva de Berger representará “una grave hipoteca sobre el desarrollo futuro de Guatemala”. La ONU prevé que el actual plan reducirá la carga tributaria a poco menos del 10 por ciento del PIB en el 2005. La carga impositiva de Nicaragua, con la mitad de la riqueza per cápita de Guatemala, fue de 16 por ciento del PIB el año pasado.
Berger debe también responder a la creencia generalizada de que el régimen de impuestos favorece a los guatemaltecos ricos. En la mente de muchos ciudadanos, las familias más ricas y las empresas más grandes del país no están pagando lo que les corresponde. Funcionarios que trabajan o han trabajado en instituciones financieras internacionales coinciden en que una abundancia de deducciones y exenciones ha hecho normal para algunos no pagar impuestos.
La buena noticia es que Berger ha iniciado significativos recortes en el presupuesto militar del país, cortes más profundos que los requeridos por los acuerdos de paz. También se ha comprometido a acabar con la corrupción, particularmente en la administración de aduanas del país, una importante fuente de recursos.
Ambas iniciativas deberán elevar los ingresos del Estado un poco. Pero, más importante aún, ambas deberán ayudar a debilitar los argumentos usados por líderes empresariales que aseguraban que sus contribuciones presupuestarias eran robadas o desperdiciadas por el gobierno.
De todos modos Berger necesita ser mucho más agresivo. Si alguien va a tomar en serio su supuesta meta de aumentar gastos en educación y salud, como el embajador José Guillermo Castillo caracterizó las intenciones del presidente, Berger debe estar dispuesto a apartarse de las limitaciones de una estrategia puramente conservadora.
Para empezar, el mandatario guatemalteco necesita distanciarse de sus promesas de balancear el presupuesto y terminar su período sin ningún déficit —sueño quijotesco si no se aumentan los impuestos. Incluso Standard & Poor's, la agencia de calificación crediticia a menudo preocupada con líderes de izquierda, parece pensar lo mismo. Según Sebastián Briozzo, analista de crédito latinoamericano de S&P, si no ocurren otros cambios durante el gobierno de Berger —y particularmente si los ingresos tributarios no alcanzan la meta del 12 por ciento— la posición del país ante los ojos de Wall Street no mejorará en absoluto.
En un análisis de S&P a comienzos de mes, Briozzo de hecho se preguntaba si Latinoamérica ha empezado una “tendencia hacia un mayor consenso en políticas macroeconómicas prudentes”. Si así fuera, arguye, la calificación de los países de la región mejoraría más rápidamente. Más importante aún, las instituciones de la región estarían dando señales de una transformación positiva. Y las discusiones de política económica ya no serían sobre si un país como Guatemala realmente necesita aumentar su solvencia sino cómo y por cuánto.
La buena noticia es que Berger ha iniciado significativos recortes en el presupuesto militar del país, cortes más profundos que los requeridos por los acuerdos de paz. También se ha comprometido a acabar con la corrupción, particularmente en la administración de aduanas del país, una importante fuente de recursos.
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