Autoridades y expertos en temas financieros de Centroamérica y Estados Unidos subrayaron ayer en Managua que la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad encargada de prevenir el lavado de dinero en un país, cuya creación está pendiente de ser aprobada en la Asamblea Nacional, debe gozar de total independencia para que su desempeño sea ajustado a criterios técnicos y jurídicos.
Ricardo Vélez Lara, asesor de la Asociación Bancaria de Guatemala; Willy Zapata, superintendente de Bancos de Guatemala y Mauricio Pastora, asesor Regional de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, coincidieron en ello.
La UAF, que sustituiría a la actual Comisión de Análisis Financiero (CAF), sería una entidad con autonomía presupuestaria, técnica y funcional, según un proyecto de ley pendiente de ser discutido y aprobado en el parlamento, pero que propone amplios poderes para la nueva institución que, incluso, afectarían el sigilo bancario.
“La UAF no es asunto de verla bonita, sino de que tenga resultados (en la lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero) y en eso es importante que no responda a ningún interés y que cuente con técnicos capacitados”, sostuvo Vélez Lara, al participar ayer en una conferencia organizada por la Embajada de Estados Unidos en Managua.
Entretanto el superintendente de Bancos de Guatemala, Willy Zapata, planteó que la UAF deber ser concebida como una unidad “independiente del ámbito político”.
“Por ejemplo: el que sea enemigo político del Presidente actual, si piensa que el Presidente va a obtener información de la unidad para su provecho, la próxima vez que esté en campaña, no le va a gustar la idea de la UAF. Pero si él (el enemigo político del Presidente) ve que no está ligada al tema político, no le va a interesar que haya un equipo técnico que esté trabajando allí (en la UAF)”, ejemplificó Zapata.
Por ello, dijo que la UAF debe realizar sus funciones, entre ellas de prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, con total profesionalismo y apegada a la ley.
LA TUTELA Y EL SIGILO BANCARIO
Zapata resaltó que no importa si la UAF está adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB), al Ministerio Público o al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), siempre y cuando sea independiente.
El proyecto de Ley de Creación de la UAF de Nicaragua propone que estaría adscrita al MHCP, conformada por un director y un subdirector ejecutivo que serán nombrados por el parlamento.
Vélez, por otro lado, destacó que de acuerdo con el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) “las unidades de análisis financieros son órganos que deben gozar de una adecuada independencia (política), recursos y funcionalidad operacional, para cumplir con su delicada función dentro de la lucha internacional contra los delitos de lavado de dinero y el terrorismo”.
Valoró que el proyecto de Ley de la UAF nica cumple con los requisitos internacionales, pero dijo que al final lo importante es que la ley se cumpla y que los resultados de sus investigaciones, en caso de encontrarse ilícitos, sigan el procedimiento judicial final.
Uno de los debates en torno a la UAF de Nicaragua es que tendría amplios poderes y afectaría el sigilo bancario, pero Vélez dijo que una entidad de ese tipo, que no tenga tales potestades, “nace muerta”.
Pero aclaró que “se puede levantar el sigilo bancario cuando haya sospecha de lavado de dinero, pero la UAF debe salvaguardar la información que recibe”, comentó.
“Cuando una unidad recibe información de donde se levantó el secreto bancario para una investigación, está obligada a mantener ese mismo sigilo bancario, o sea, se levanta sólo para efecto de la propia unidad y sólo para la administración de su investigación”, sostuvo.
Pastora añadió, entretanto, que Nicaragua puede formar parte de una red mundial de UAF, integrada actualmente por 106 países, una vez apruebe la creación de su propia entidad, con lo que se integra a los países que buscan prevenir y combatir los ilícitos citados.
