El Presidente de la República, Daniel Ortega, oficializó ayer a través de un Decreto, la creación de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), los cuales pasarán a formar parte de la directiva del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes).
Asimismo, Ortega nombró a su esposa y primera dama, Rosario Murillo, como secretaria ejecutiva del Conpes.
“Ahora que el Conpes tiene mayor fuerza, con rango constitucional porque fue aprobado con 56 votos de los diputados, no puede ser cuestionado bajo ningún punto de vista y es importante que al incorporarse el Consejo del Poder Ciudadano estamos logrando consolidar una base de gestión y de participación directa”, sostuvo Ortega.
Durante su comparecencia pública, a través del Decreto 113 Ortega reorganizó al Conpes, que estará integrado por las comisiones de trabajo, un secretario ejecutivo, el secretario adjunto, entre otros.
De igual manera, anunció que el puesto de secretario adjunto del Conpes continuará a cargo del diputado sandinista Gustavo Porras. Esto lo ratificó Ortega a través de un Acuerdo presidencial.
De acuerdo con Ortega, tanto Murillo como Porras ocuparán dichos cargos sin goce de salario, cuyos nombramientos serán publicados hoy en La Gaceta, diario oficial del Estado. Mientras que los decretos entraron en vigencia tras su difusión en los medios de comunicación anoche mismo.
Ortega oficializa la conformación de los polémicos CPC, una semana después que 52 diputados de la Asamblea Nacional rechazaron un veto presidencial de la Ley 630, que deroga estas organizaciones de las estructuras del Gobierno.
El mandatario negó que exista una crisis de gobernalidad en el país por la conformación de los CPC.
LA SALIDA DE LA CSJ Y LA INERCIA DE LA ASAMBLEA
La instalación del Gabinete Nacional de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), prevista para hoy por Ortega, se efectuará con una Asamblea Nacional inerte, debido a que una mayoría de 52 diputados fue incapaz de convocar a sesión especial o de publicar una reforma a la Ley 290, de Organización y Competencia del Poder Ejecutivo.
El tercer secretario de la Asamblea Nacional, el conservador Javier Vallejo, denunció por la tarde de ayer que el primer secretario, el liberal Wilfredo Navarro, no asistió a una reunión para que cuatro directivos decidieran llamar a sesión especial hoy o aprobaran la publicación de la ley que elimina a los CPC del Poder Ejecutivo, debido a la reticencia en esos temas por parte del presidente del parlamento, el sandinista René Núñez.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el liberal disidente Luis Callejas, logró recolectar ayer 48 firmas de respaldo para que se sesionara hoy y se votara una resolución que obliga al parlamento a publicar la reforma a la Ley 290.
Sin embargo, la ausencia de Navarro en el encuentro entre directivos no sandinistas evitó que se llamara a sesión especial o se ordenara la publicación de la ley que deroga a los CPC del Ejecutivo.
“Fuimos al 380 (sede del PLC) para reunirnos con Oscar Moncada y con Wilfredo Navarro y quedamos en reunirnos a las 2:30 p.m., para ver qué decisión tomábamos. Lamentablemente cuando llegamos a las 2:30 p.m. a la primera secretaría, no estaba Wilfredo y nos venimos hasta las 5:00 p.m., y no apareció”, relató Vallejo.
Navarro no contestó las llamadas de los diputados, añadió Vallejo. LA PRENSA tampoco logró localizarlo para conocer su versión.
“No sé si es que no están sopesando el momento crítico que vive el país, no sé si políticamente ellos están viendo otra salida a esto y tal vez no están pensando que era la mejor opción (la reunión de directivos)”, dijo Vallejo.
LA CORTE EN “ACUERDO” COINCIDENTE CON ORTEGA
Mientras en la Asamblea Nacional se divide la oposición y dan todo tipo de explicaciones legales ante la inminente instalación de los CPC, la Corte anuncia con acento triunfalista, que llegaron a un “acuerdo” que coincide con la decisión reflejada en el Decreto presidencial presentado anoche por Ortega.
Los magistrados aseguran que el tema de los CPC será definido de una vez por todas el próximo miércoles cuando está prevista una reunión en pleno de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con una propuesta presentada por Manuel Martínez, presidente de la CSJ y Sergio Cuarezma, miembro de la Salas Civil y Penal, que tendría el apoyo de los otros magistrados. Esta se refiere a que se dejaría claramente establecida la facultad constitucional del presidente Ortega de poder conformar los CPC, pero estos deberán estar fuera del organigrama del Poder Ejecutivo.
El magistrado Martínez dijo que, incluso, ya habría acordado con su colega Rafael Solís, vicepresidente de la CSJ, que se pusiera fin a la polémica sobre los CPC por medio de una resolución en la que plasme que estas organizaciones sigan “vivas” como formas de participación ciudadana, pero que no dependan o forman parte del organigrama del Ejecutivo.
La decisión aparenta considerar la decisión de los diputados que querían evitar que los CPC formaran parte del Ejecutivo, pero anoche que Ortega dio a conocer su Decreto protegiendo bajo el manto constitucional del Conpes a los CPC, algunos analistas advierten por dónde va el fallo de la Corte.
Sin embargo, el magistrado Solís, de tendencia sandinista, aclaró que aún no se ha llegado a ningún acuerdo, aduciendo que en primer lugar no existe una propuesta por escrito, ni de Martínez ni de Cuarezma, referida a los CPC.
