En 1992, el gobierno de turno creyó encontrar una salida al desempleo con la instalación en el país del régimen de zonas francas, que hasta la fecha ha empleado a 86 mil obreros que al no tener otra alternativa, acuden a estas empresas y se someten a sus reglas.
Sin embargo, el promedio de cinco mil nuevos empleos que se mantenía cada año, en este 2007 ha decaído a mil y más bien han ocurrido cierres de algunas maquilas y en consecuencia el desempleo de al menos 6,500 personas.
Según un informe realizado por la Confederación Sindical de Trabajadores (CST), entre enero y junio de este año, quince empresas o maquilas han despedido a miles de trabajadores que aún no reciben sus correspondientes liquidaciones salariales, cuatro de ellas han cerrado operaciones y otras empresas más amenazan con hacer lo mismo.
El caso más reciente es de Mil Colores, una de esas empresas conocidas como “golondrinas” porque van y vienen de un lugar a otro en busca de mayores facilidades de producción. Entiéndase aquí, menores pagos de impuestos y costos de producción. Desde hace quince días no se sabe si la Mil Colores sigue siendo una fábrica o si ya pasó a la historia.
Martha Rosa Gómez tiene 41 años. Si las cosas continúan tal como están, en diciembre próximo cumplirá cuatro años de estar laborando para la misma empresa. Al menos técnicamente sería así, porque en la práctica se considera una desempleada más.
Todos los días se levanta temprano, prepara la comida de sus dos hijos y su esposo y toma el bus que la lleva desde el municipio de Nagarote hacia el complejo Saratoga, en el kilómetro 13 de la Carretera Nueva a León.
Ahí la espera un grupo de compañeros de trabajo que hacen vigilancia por la noche y se une a lo que queda de los 504 obreros que el pasado 13 de octubre se tomaron las instalaciones de su empresa luego de saber que ésta cerraría y que muy probablemente no les pagarían ni un centavo.
Gómez trabaja para la maquila Mil Colores. “Entré en el 2003 y me despidieron en enero del 2007. Estuve mes y medio sin trabajar, me habían despido por recorte de personal. Después mi jefe, Iván Chavarría, me mandó a llamar y me dijo que ya estaba mejorando la empresa. Llegó a la casa con uno del sindicato y me dijo que me iban a reintegrar, que yo era buena trabajadora. Cuando entré a trabajar aquí, la empresa tenía unos meses de haber comenzado a funcionar”, cuenta desde un pasillo de la fábrica que luce vacía y con las puertas cerradas.
La Mil Colores es una fábrica especializada en la confección de jeans y pertenece a un estadounidense del cual sólo se conoce el nombre: Gregg Miller. Comenzó a funcionar en 1996 bajo ese nombre y en el año 2003 se trasladó al complejo Saratoga, donde alquila la planta que anteriormente alojaba a una empresa llamada Chaprih.
Hubo despidos, muchos trabajadores no recibieron su liquidación y otros, con la esperanza de ejercer mayor presión, decidieron volver a trabajar para la misma.
“Allá en Mil Colores, donde estábamos, no nos hacía falta nada. Teníamos problemas del seguro social como siempre, pero teníamos una política de que si entregabas tus recetas médicas, los viernes ellos te pagaban los gastos de los medicamentos, teníamos un contrato con la empresa médica El Redentor, pero cuando vinimos aquí (Saratoga), prácticamente todo eso quedó en el aire. No asumían nada”, relata la dirigente sindical Damaris Meza.
Según el responsable de la comisión laboral de la CST, Luis Barbosa, en este año los pedidos que recibían las maquilas han disminuido en un 30 por ciento, situación que las empresas están utilizando para justificar los recortes de personal.
Sin embargo, “la situación siempre ha sido que no pagan el seguro social, pero cuando se acercan las asignaciones de los tratos preferenciales para las textileras (TPL), hacen arreglos de pago (con el INSS) y les dan una solvencia, pero siguen debiendo”, asegura Barbosa.
“Mil Colores tiene diez años de estar en Nicaragua. Nosotros ya estábamos esperando cualquier cosa porque todas las empresas que pasan ese tiempo cambian de razón social o se declaran en quiebra y dejan a un montón de trabajadores en el aire como las otras empresas que se han ido”, agrega la sindicalista de Mil Colores, Damaris Meza.
Y al parecer es exactamente eso lo que acaba de pasar con los 504 trabajadores que laboraban para Mil Colores y que ahora reclaman sus respectivas liquidaciones. Algunos, como Damaris y Martha, esperan hasta dos liquidaciones correspondientes al primer despido y al seguido reintegro.
De las quince empresas que según registros de la CST poseen conflictos laborales, sólo tres de ellas han resuelto en parte la problemática de sus trabajadores, aprobando reintegros como lo hizo Nien Ssing Garments o aceptando procesos de negociación como lo hizo Atlantic Apperel. Las demás aún no han liquidado a sus empleado o no han hecho efectivo el reintegro de sindicalistas, pasando por encima de las disposiciones del Ministerio del Trabajo.
Antes de llegar a Mil Colores, Damaris Meza trabajaba en la Confederación Sindical de Trabajadores (CST). Ahí recibía denuncias del maltrato que sufren las mujeres y un día decidió convertirse en obrera y tratar de cambiar la situación desde adentro.
“Yo inicié a trabajar en Mil Colores en el 2002. Nunca había trabajado en una maquila. Entré para organizar a la gente y que se respetaran los derechos humanos y laborales de los trabajadores”, cuenta Meza, quien con una compañera más fundaron el sindicato de Mil Colores que ahora aglutina a 250 afiliados.
En enero hubo un recorte de personal y tanto Martha Rosa Gómez como Damaris Meza resultaron despedidas.
“De mi primera liquidación me quedaron debiendo dos años, no es mucho, son como cuatro mil pesos, pero nosotros (los sindicalistas) nos preocupamos más por los trabajadores viejos, tenemos trabajadoras que ya tiene hasta 57 años”, expresa Damaris.
A Martha Rosa Gómez le quedaron debiendo casi seis mil córdobas de liquidación. “Eso fue lo que me dijeron cuando me pusieron la cita para ver cuándo supuestamente me iban a pagar. Después, cada mes me ponían cita y como miré que me estaban cambiando fechas, yo dije ‘estando aquí adentro tal vez gestiono más rápido mi liquidación’. Y así fue que volví. Yo venía y el gerente de recursos humanos me decía ‘venga mañana’, y resulta que mi expediente lo habían mandado a la bodega. Un día me dijeron unas muchachas que trabajaban en Recursos Humanos que aquí nunca pagan las liquidaciones”, recuerda Martha Rosa.
A una parte de los trabajadores los liquidaron y a otra parte los lograron convencer de que si se quedaban o volvían, les pagarían su liquidación. “Seguro que esta era mano de obra calificada”, sugiere el responsable de la comisión laboral de la CST, Luis Barbosa.
Para Barbosa, el caso de Mil Colores es bastante común, ya que en Nicaragua, cuando las empresas se acercan a los diez años de labor, cambian su razón social o cierran para continuar recibiendo los privilegios del régimen de zonas francas que las exonera de varios impuestos.
“Dice el Decreto Presidencial (31-92), porque no hay Ley de Zonas Francas, si vos tenés diez años, al siguiente año comenzás a pagar impuestos, entonces estas empresas viven cambiando de nombre o hacen cambio de razón social y eso es lo que pretendió Gregg Miller y se quedó con el nombre de Mil Colores y exportaba a la fecha a nombre de Mil Colores”, dice Barbosa.
Según información que maneja la CST, actualmente hay trabajadores de Mil Colores a los que se les debe el pago de horas extras atrasadas, incentivos y semanas de producción. La deuda se aproxima a los 14 millones de córdobas, pero cada día que pasa va aumentando debido a que mientras la fábrica no cierre oficialmente, sus trabajadores continúan siendo sus empleados.
“Dijeron que les iban a pagar el viernes (12 de octubre), después dijeron que les iban a pagar hasta el lunes. El sábado lo raro fue que no mandaron a trabajar a nadie y normalmente mandaban a algunos para sacar la producción que era necesaria.
En la mañana recibimos una llamada de que había gente que llegaba a sacar la producción que tenían en proceso y una maquinaria y realmente se estaban movilizando para saquear la empresa y dejar colgados a los trabajadores. Esta no es la primera empresa que hace eso”, agrega Luis Barbosa.
Según un informe de la CST, empresas como KB Manufactury cerró operaciones y aún no ha liquidado a once trabajadores líderes sindicales, quienes acudieron a la vía judicial. Hasta ahora, existen nueve empresas que amenazan con cerrar operaciones de no resolver las órdenes de producción que supuestamente fueron suspendidas por marcas norteamericanas, lo que implicaría la pérdida de 8,850 empleos en los próximos días.
Técnicamente no hay certeza de que Mil Colores haya cerrado o continúe funcionando. En la práctica, la fábrica mantiene sus puertas cerradas, ha sido embargada por el Instituto de Seguridad Social (INSS) por una deuda de 13 millones de córdobas y el gerente de recursos humanos, Zerrfredry Urbina fue declarado como depositario.
Adentro aguardan bajo llave las máquinas, tres mil pantalones terminados y otras 30 mil piezas en operación. Los trabajadores continúan llegando a la planta de producción y pasan el día en los pasillos o bajo la sombra de algunos árboles.
Por la noche, otro grupo de trabajadores se encarga de la vigilancia para asegurarse de que nadie sustraiga los bienes de la empresa que hasta ahora son la única garantía de que recibirán su liquidación luego de una subasta. Sin embargo, algo está fallando.
“Hay un descontrol, han cortado el cobre de algunos motores, que no sirven de hecho, pero están cortando el cobre y se lo están llevando para venderlo. Tenemos denuncia de que por las ventanas se están metiendo a la fábrica para sacar la producción. Toda la planta está bajo la vigilancia de ellos mismos, pero denunciamos que están sacando los pantalones y los están vendiendo. Eso constituye un delito y más bien perjudica a los trabajadores porque la otra parte podría alegar que se estuvieron sacando bienes de la empresa”, explica el actual gerente de recursos humanos, Zerrfredry Urbina, quien también está a la espera de su pago rezagado.
De los 504 trabajadores que han contabilizado hasta ahora entre la gerencia de recursos humanos y los tres sindicatos existentes en Mil Colores, el 70 por ciento son mujeres.
Según Urbina, “quienes tienen que determinar el cierre de la empresa son la Corporación de Zonas Francas, el Ministerio del Trabajo, el Instituto de Seguridad Social y el Ministerio de Fomento Industria y Comercio (Mific). Pero “hasta la fecha no hemos sabido que se hayan reunido, la empresa sigue funcionando mientras no se cumpla el procedimiento legal que establece el cierre”, explica Urbina.
“Hay un vacío legal. Si el Gobierno no ha determinado el cierre de la empresa, la empresa sigue funcionando. Pero si la empresa no está funcionando, ni la administración, ¿por qué el Gobierno no ha cerrado la empresa? El Gobierno tiene una gran responsabilidad sobre esto, los entes que regulan el funcionamiento de una maquila no se han pronunciado, han dejado pasar mucho tiempo, la gente está desgastada, los trabajadores están cansados, ya no tienen recursos para seguir y esto crea perjuicios a los mismos porque unos se están aprovechando de la situación y otros están (cuidando) fielmente a la empresa, ya llevan casi dos semanas sin recibir salario”, agrega.
¿Qué garantías tienen los trabajadores de las maquilas para recibir sus salarios? “Hay empresas que cierran de la noche a la mañana aunque funcionan normales, el pago es tardadito pero ahí está. Por eso nosotros decimos que debe haber un depósito, una garantía para que los trabajadores no sufran”, explica Luis Barbosa.
La propuesta de la CST es que el Estado a través de las zonas francas, explique a las nuevas empresas que hay un Ministerio del Trabajo, que no se pude pagar menos de lo que establece el salario mínimo y que las jornadas laborales son de ocho horas.
“Hay que poner las reglas claras. Si la empresa va a generar diez mil empleos, debe dejar un depósito que sirva de garantía para que el trabajador no quede en la calle después de cualquier situación anómala. Es triste ver a cientos de trabajadores demandando su salario a una empresa que ya no está, y pasan años porque aquí hay una retardación de justicia terrible”, afirma.
En palabras de Barbosa, “la esperanza es lo único que no se pierde”. La situación de Mil Colores es bastante complicada, está embargada por el INSS e Inatec, lo que significaría que los trabajadores tendrán que embargar lo que queda, subastarlo y repartirlo.
