Organismos internacionales critican la falta de control en la extracción de diamantes en la tierra de Bolívar
Venezuela deberá explicar su política de explotación y exportación de diamantes en la próxima sesión anual del Proceso de Kimberley, una iniciativa intergubernamental para frenar el uso ilícito de la industria diamantífera en la financiación de conflictos y guerras civiles.
El gobierno venezolano admite que no le resulta fácil controlar sus fronteras, pero asegura que intenta cumplir con el Proceso de Kimberley, del que es uno de los tres miembros sudamericanos, junto con Brasil y Guyana.
Venezuela no está involucrada en el contrabando de los llamados diamantes de la guerra o sangrientos, piedras preciosas en bruto que en las últimas dos décadas fueron explotadas y traficadas para financiar guerras civiles y grupos armados ilegales en países como Angola, Costa de Marfil, República Democrática del Congo y Sierra Leona.
Pero Caracas ha incumplido con el sistema de certificación del Proceso de Kimberley, que impone amplias exigencias a sus miembros para asegurar que los embarques de gemas estén libres de ese circuito ilícito, reconoció a Tierramérica desde Bruselas el actual presidente de ese acuerdo, Karel Kovanda, representante de la Comisión Europea.
El Proceso de Kimberley admite que hubo “serias señales de no cumplimiento” por parte de Venezuela, dijo Kovanda.
Sin embargo, desde que participó en la reunión intersesional de junio, Caracas ha dado pasos para disipar esas preocupaciones con la presentación de estadísticas sobre comercio y producción, afirmó Kovanda.
Además, “hay discusiones en curso sobre la organización de una visita de evaluación por parte de expertos independientes del Proceso de Kimberley”, añadió.
El caso venezolano será discutido en la sesión plenaria del Proceso, que tendrá lugar entre el 5 y el 8 de noviembre en Bruselas.
Las denuncias de irregularidades partieron de la organización no gubernamental canadiense Partnership África Canadá (PAC), que promovió el Proceso de Kimberley, un acuerdo de gobiernos, la industria diamantífera internacional y entidades de la sociedad civil, respaldados por las Naciones Unidas para frenar el contrabando de diamantes con fines bélicos.
Estas piedras son extraídas a cielo abierto en Venezuela y contrabandeadas hacia Guyana y Brasil, según la PAC.
“Los bandidos sacan diamantes venezolanos del país y se los venden a otros ladrones”, dijo Ian Smillie, coordinador de investigaciones de PAC.
En los últimos dos años, Venezuela no reportó ninguna producción de diamantes al Proceso de Kimberley, pese a una extracción anual calculada en entre 15 y 30 millones de dólares, dijo Smillie a Tierramérica.
“De modo simultáneo las exportaciones de diamantes de la vecina Guyana crecieron en una cantidad comparable a esa en los últimos dos años”, agregó.
Un informe de PAC aseveró el año pasado que los diamantes venezolanos son extraídos y contrabandeados hacia Guyana y Brasil a la vista de las autoridades. Luego se los certifica como gemas extraídas de modo legítimo en el Proceso de Kimberley, debilitando todo el sistema.
“El gobierno venezolano debe despertar y controlar su industria diamantífera”, sostuvo Smillie.
El Proceso de Kimberley, fundado en 2002 en la central ciudad sudafricana del mismo nombre, requiere que los países productores y exportadores de diamantes certifiquen todas sus ventas de estas piedras y que los compradores prohíban las importaciones que no estén certificadas.
Los 47 participantes del Proceso de Kimberley, incluida la Comunidad Europea, suman aproximadamente 99.8 por ciento de la producción mundial de diamantes en bruto.
Venezuela es el único que no invitó a un panel de expertos a evaluar sus procedimientos para cumplir con las normas, señaló Corinna Gilfillan, directora de la oficina estadounidense de la organización no gubernamental Global Witness, dedicada a revelar los vínculos entre la explotación de recursos naturales y la corrupción o los conflictos.
“Esa evaluación es crucial para saber cómo funcionan las cosas en el lugar y puede ayudar a arreglar cualquier problema”, dijo Gilfillan a Tierramérica.
Aunque no esté involucrado en el contrabando de diamantes sangrientos, Caracas “da la peligrosa señal a otros países de que pueden ignorar el Proceso de Kimberley sin afrontar consecuencias”, agregó.
La PAC y Global Witness, miembros observadores y fundadores del Proceso, pidieron a Kovanda la expulsión de Venezuela.
“¿Por qué Dubai, Canadá o Sudáfrica deben implementar duras regulaciones, cuando a Venezuela se le permite quedar exonerada?”, se preguntó Smillie.
Para un país con ingresos petroleros superiores a 80 mil millones de dólares anuales, la explotación de diamantes es insignificante. Smillie cree que el problema podría obedecer a “una metedura de pata burocrática que se está convirtiendo en un incidente internacional”.
Venezuela “ha venido cumpliendo con las estipulaciones del Proceso Kimberley, con entregas periódicas de estadísticas mensuales” sobre su producción diamantífera, dijo a Tierramérica el director de Planificación y Economía del Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam), Javier Medina.
Si bien “han existido informes desfavorables para nosotros desde una organización no gubernamental, no desde la dirección del Proceso Kimberley, en manos de la Unión Europea, a la que presentaremos un nuevo informe sobre la situación en la conferencia que se efectuará en noviembre en Bruselas”, dijo Medina.
Al contrario de la producción de oro, que legalmente debe ser vendida al Banco Central (emisor y de reserva), la de diamantes “puede mercadearse libremente a cualquier comprador de Venezuela o del extranjero, siempre y cuando lleve su Certificado Kimberley, que nosotros expedimos”, explicó.
Sin embargo, “no es fácil impedir que un venezolano cualquiera viaje fuera del país con, por ejemplo, tres millones de dólares en diamantes en una caja de fósforos”, comentó Medina, “así como tampoco controlar la producción y extracción de contrabando que pueda hacerse por nuestras extensas fronteras del sur y del sureste”.
“A diferencia de Europa, nuestras fronteras no son chicas. Por eso los informes que enviamos a Bruselas contienen no sólo datos precisos de reportes sino proyecciones con base en la producción y comercialización históricas”, agregó el funcionario.
Por su parte, el viceministro de Minas, Iván Hernández, aseveró que los certificados que comienza a entregar ese despacho contienen el número de paquetes, país de origen, nombre y dirección del exportador y del importador, cantidad de piedras, precio en quilates, valor en dólares y firmas de la autoridad emisora y de la autoridad oficial del Mibam, conforme al Proceso Kimberley.
(*) Con aportes de Humberto Márquez, Caracas.
