Si le preguntaran a Daniel Ortega si su régimen censura al periodismo, seguro responde que no, que ningún medio ha sido cerrado y publican lo que desean. Es obvio que la censura tradicional, la que él mismo impuso en los años ochenta en Nicaragua, ha sido sustituida por una disfrazada de legalidad en que los periodistas son enviados ante un juez antes que arrestados por un policía.
Quizás ésa es una de las diferencias entre el socialismo tradicional de Cuba y el socialismo del siglo XXI, que quieren implantar Hugo Chávez en Venezuela y Ortega en Nicaragua.
En Cuba la policía reprime de inmediato cualquier intento de hacer periodismo independiente y el periodista que insiste va directo a la cárcel. En Venezuela, el Gobierno todavía no se atreve a cerrar todos los periódicos, radios y televisoras que quisiera, pero les hostiga con inspectores de impuestos y acusando a sus reporteros y editores ante los tribunales.
En nueve años, el régimen de Chávez le ha montado 890 juicios a periodistas y en algunos casos los procesos han durado años, porque son mecanismos de intimidación, para que otros periodistas piensen dos veces antes de escribir algo contra el Gobierno.
Ortega busca eso, que el periodismo independiente nicaragüense le tenga miedo, que cada día menos medios se atrevan a investigar a su administración.
Comenzó amenazando. Apenas tomó el poder, en enero del 2007, Ortega empezó a dirigir palabras intimidatorias a los medios de comunicación independientes, subiendo el tono cada vez, y 15 meses después propinó un golpe fuerte a la libertad de prensa.
Con la complicidad de un juez, afín al partido sandinista, pasó sobre la ley para condenar por injuria al director de LA PRENSA, Jaime Chamorro Cardenal, y al jefe de Redacción Eduardo Enríquez, sin demostrar el delito.
Este atropello, con que el Presidente reafirma su decisión de pisotear la ley con tal de proteger a sus partidarios de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), una fuerza de choque, muestra cómo se afianza en Nicaragua otra dictadura sandinista.
La definición más simple del término dictadura basta para confirmarlo: Gobierno que en un país impone su autoridad violando la legislación vigente.
Ortega violó la ley y hasta la Constitución de la República al suspender hace semanas las elecciones en tres municipios de la costa caribeña norte, recurriendo al control que tiene sobre el Consejo Supremo Electoral (CSE); y algo similar hizo el jueves último al condenar al Diario LA PRENSA, usando su dominio en el poder judicial.
El mensaje es claro: los periodistas que insistan en informar con independencia y fiscalicen al Gobierno, serán hostigados y si tomamos en cuenta que a Ortega todavía le quedan más de tres años de gobierno, su acoso apenas comienza.
Lo que Ortega quizás ignora es que, al hostigar a periodistas e imponer multas a medios de comunicación, como hace Chávez en Venezuela, despertará más el interés de los ciudadanos en la información que el Presidente trata de ocultar por la fuerza; y los reporteros, sin duda, seguirán investigando.
Así ha sucedido en Venezuela, donde ni las turbas, que han golpeado a más de 100 periodistas, han podido silenciar a la prensa independiente.
