Expertos en temas económicos, financieros y fiscales urgieron a la Asamblea Nacional a realizar una auditoría a los convenios firmados entre Venezuela y el Gobierno de Daniel Ortega, principalmente en el tema petrolero.
El economista Néstor Avendaño recomendó a la Asamblea Nacional que lo más pronto posible ordene a la Contraloría General de la República (CGR) la realización de dicha auditoría, e igualmente que mande a la Asamblea Nacional de Venezuela un pedido de información sobre el estado de la deuda de Nicaragua con ese país, porque recordó que todo préstamo del Gobierno de Caracas debería estar reflejado en el Presupuesto de esa nación sudamericana.
René Vallecillo, ex viceministro de Finanzas, apoyó la iniciativa de Avendaño e indicó que la Asamblea Nacional tiene todas las potestades y debe hacerlo, de ordenarle a la CGR, a cuyos contralores nombra, realizar las respectivas investigaciones sobre el uso de los fondos venezolanos.
El diputado José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea, se comprometió a promover tales iniciativas.
“Creo que parte de este problema es de los diputados de la Asamblea Nacional, que deben hacer su trabajo, que investiguen”, valoró entre tanto el sociólogo Oscar René Vargas, quien cuestionó la poca efectividad de algunas de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Ortega y financiadas con la cooperación venezolana.
Los expertos participaron en un conversatorio sobre la cooperación venezolana.
En el foro organizado por el Instituto de Estudios Estratégico y Políticas Públicas (IEEPP), también se hicieron presentes otros economistas y sociólogos.
Pallais se comprometió en el foro a promover la aprobación en el parlamento de varias medidas que obliguen al Gobierno a transparentar el uso de la cooperación de Venezuela, mientras crecen día a día los cuestionamientos en torno al uso discrecional que hace la administración del presidente Ortega sobre dichos fondos.
Entre las medidas figura un mandato de la Asamblea Nacional a la Contraloría General de la República (CGR), para que practique una auditoría a la empresa estatal Petronic, una de las instituciones que administra el acuerdo petrolero suscrito en abril del 2007 entre los presidentes Daniel Ortega y Hugo Chávez, de Nicaragua y Venezuela, respectivamente.
CALLES CON “CLIENTELISMO POLÍTICO”
Una de estas iniciativas es el llamado Programa Calles para el Pueblo, que este año supera los siete millones de dólares, casi 140 millones de córdobas. Adicional a ese fondo, las alcaldías deberán poner fondos de contrapartida para incrementar las obras.
En total, los recursos del programa superarán los 500 millones de córdobas (casi 30 millones de dólares), según declaraciones públicas hechas por Nelson Artola, presidente ejecutivo del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), ente gubernamental que en conjunto con las alcaldías del país administrará los fondos.
“Este programa puede que tenga un efecto social inmediato (en el área donde se construyan las calles), pero no tenés un efecto multiplicador económico”, sostuvo Oscar René Vargas.
“Estoy viendo este asunto (el programa Calles para el Pueblo) desde el punto de vista de producción del país, de mayores réditos (de crecimiento económico), no estoy hablando de réditos políticos. Como país hubiera convenido más que todos los municipios de Nicaragua estuvieran o estén conectados por carreteras pavimentadas o adoquinadas. Eso hubiera significado un gran avance para Nicaragua”, comparó Vargas.
La también socióloga Claudia Pineda, valoró que cada día que pasa aumentan las interrogantes sobre la cooperación venezolana, sus alcances y el uso que el Gobierno le está dando a la misma, debido a la falta de transparencia y la poca información.
“¿Cómo sabemos si no está financiando los rótulos de la campaña (municipal) o los altares (tarimas) del Presidente?”, se preguntó Pineda.
Recordó que la cooperación tradicional, que anualmente ha representado para Nicaragua entre 500 millones y 600 millones de dólares, aportada por naciones principalmente de Europa, Norteamérica y Asia, se ha regido por los principios consensuados de transparencia y rendición de cuentas.
“Es deber de cada agencia que dona o presta, demostrar a sus contribuyentes qué se hace (en el país receptor) con su dinero. La cooperación venezolana debe regirse por los principios consensuados con los que se rige la cooperación tradicional”, reiteró Pineda.
Recordó que por cada desembolso los donantes tradicionales pagan “un peaje” del seis por ciento para las universidades, el cuatro por ciento para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el ocho por ciento en transferencias a las alcaldías, en concepto de porcentajes constitucionales.
“¿Dónde están los estudiantes universitarios reclamando su seis por ciento de la cooperación venezolana?”, se preguntó Pineda.
Acuerdo entre estados
El economista Adolfo Acevedo sostuvo que los términos del suministro de petróleo de Venezuela a Nicaragua, confirman que se trata de un acuerdo entre gobiernos, y que por lo tanto generan deuda pública.
El Acuerdo Energético del Alba, suscrito el 29 de abril del 2007 por los presidentes Ortega y Chávez, establece que Venezuela suministrará crudo, productos refinados y gas licuado a Nicaragua, por un volumen aproximado de 10 millones de barriles al año, equivalente al consumo anual del país.
Ese suministro, añade Acevedo, se efectuará a través de una empresa mixta constituida por una filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la empresa estatal designada por el Gobierno de Nicaragua, en este caso Petronic.
El acuerdo deja en claro que la aplicación del mismo no involucra a entidades privadas, sino exclusivamente a entidades públicas, sostiene Acevedo, al citar que parte del acuerdo dice textualmente que: “la aplicación de este acuerdo será exclusiva para los entes públicos avalados por la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Nicaragua”.
El acuerdo establece que el 50 por ciento de la factura será pagada en un período de noventa días, con un interés del dos por ciento anual. El otro 50 por ciento se pagará en un plazo de 23 años con 2 de gracia y a una tasa de interés del dos por ciento anual.
Este 50 por ciento se divide en dos partes. Una primera según la cual la empresa mixta, en ese caso Albanisa, de la que petronic es socia, asumirá un veinticinco por ciento. Esta porción, una vez deducidos los costos operacionales y financieros, se asignará al Fondo Alba a los noventa días de la facturación, el cual servirá para financiar obras de infraestructura, proyectos sociales y otros en la República de Nicaragua. El otro 25 por ciento, del 50 por ciento financiado, será asumido por la República de Nicaragua.
“Este último es clave. El Acuerdo dice que será asumido por la República de Nicaragua”, sostuvo Acevedo.
