Después del calentamiento inicial y de los rounds de tanteo, los negociadores de Centroamérica y la Unión Europea finalmente están pasando al grano con el Acuerdo de Asociación (AA).
En San Salvador, la semana pasada, las diferencias de la tercera ronda de negociaciones giraron principalmente alrededor de dos áreas: la comercial y la política. Aunque en esta última parte también hubo avances y convergencias.
Fue en el terreno político donde se tropezó con los principales escollos. Son serios, porque según admitió la embajadora de la Comisión Europea, Francesca Mosca, se aprovechará la cumbre América Latina-UE de mayo próximo en Lima para adelantar en algunos asuntos. Es decir, queda en evidencia que el mandato de los negociadores no es lo suficientemente amplio, pues si habrá concesiones, las deberán hacer los jefes de Estado.
Y buena parte de las objeciones viene de Nicaragua. En declaraciones al diario costarricense El Financiero, reproducidas por Confidencial, el Vicecanciller de Nicaragua y encargado del diálogo político y de cooperación en la negociación, Manuel Coronel Kautz, las explicó.
Hay amplias coincidencias principios democráticos de gobierno, protección del medio ambiente y buena gobernanza, pero Kautz apunta a diferencias conceptuales. Para el gobierno de Daniel Ortega es inaceptable firmar compromisos de cumplimiento estricto en materia de Derechos Humanos, lucha antiterrorista y gobernabilidad. En otras palabras, Ortega no quiere que los europeos le digan cómo debe gobernar.
Para Kautz, algunas cláusulas propuestas por la UE son “injerencistas, inquisitorias y punitivas”, cita el diario, y hasta les recordó los vuelos secretos de la CIA para transportar sospechosos de terrorismo a sitios donde se les tortura.
Según trascendió públicamente, la UE pide la firma y ratificación del Estatuto de Roma, es decir, la adhesión a la Corte Penal Internacional (CPI). En Nicaragua, El Salvador y Guatemala, ese punto incomoda porque evoca los fantasmas de las guerras de los ochenta, en las que se cometieron crímenes de lesa humanidad, los cuales la CPI juzga.
“No es una condición sine qua non”, afirmó esta semana la embajadora Mosca, pero tampoco dijo si el AA se firmaría sin que estos países se adhieran.
Creo que en un mundo ideal, sería correcto y moral que Nicaragua acepte la jurisdicción de la CPI. Pero, admitámoslo, la realidad política nuestra y de los vecinos mencionados lo hace imposible, y se pondría en riesgo la paz social. Además, EE.UU. presiona a países pequeños para que no se adhieran a la CPI, porque eso conviene a sus intereses.
En su ya célebre libro Of Paradise and Power , el pensador neoconservador de EE.UU., Robert Kagan, sostenía que Europa pretende regular sus relaciones internacionales con un conjunto de reglas, salidas de una visión idealista kantiana, con autorregulación voluntaria. Y creo que estamos viendo un ejemplo de esto.
“Este acuerdo no se negocia cada dos años; sienta las bases realmente para nuestras relaciones en las futuras décadas”, dice la embajadora Mosca.
Considero que es muy difícil que Nicaragua, El Salvador y Guatemala cedan hoy en el tema. No es imposible, pero es irrealista. Y no hay de otra más que avanzar.
Analista de temas internacionales
