En total, 2,938 menores cuyo proceso de adopción se inició antes de la entrada en vigor de la nueva legislación, en enero de este año, están en paradero desconocido en Guatemala, denunció este jueves el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud.
“No se sabe quién los tiene, si están en hogares del Estado o en manos privadas”, declaró a la AFP Alejandra Vásquez, portavoz del movimiento, que ha pedido a la Fiscalía General y al Consejo Nacional de Adopciones que tomen cartas en el asunto.
El movimiento, que sigue denunciando la “alarmante violencia y robo” de menores registrados en los últimos meses, quiere que investiguen la “ubicación, estado físico, psicológico y situación jurídica” de estos niños que siguen al amparo de la legislación anterior, pues la legislación guatemalteca no tiene carácter retroactivo.
NEGOCIO DE US$200 MILLONES ANUALES
El pasado 1 de enero cobró vigencia la ley que creó el Consejo Nacional de Adopciones, el cual regula los trámites según las exigencias del convenio de La Haya. Desde esa fecha al ente rector sólo han llegado unas 20 solicitudes, cuando según cifras de la Procuraduría Nacional de la Nación anualmente se autorizaban más de 4,000 adopciones en el país, en un 95 por ciento de los casos a ciudadanos estadounidenses.
Según organizaciones humanitarias, el “negocio” de las adopciones generaba unos 200 millones de dólares anuales a los abogados que participaban en los procesos.
Ahora, entre los niños de los que no se tiene información, según el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, se encuentran buena parte de los hallados en agosto del pasado año en Casa Quivira, en la turística Antigua Guatemala (sureste), uno de los casos más sonados que se asomó a las páginas de los medios internacionales.
De los 46 niños que fueron rescatados por la Policía, diez ya fueron entregados a padres adoptivos de Estados Unidos, pese a un impedimento al proceso legal que se sigue, confirmó a la AFP una fuente judicial.
