Representantes de cuatro bancadas de la Asamblea Nacional, que conforman la Comisión de Justicia, firmaron el dictamen al Proyecto de Reforma a la Ley de Amparo, el cual establece que no se puede interrumpir el proceso de formación de las leyes.
La propuesta incluye que si un Poder del Estado ve afectadas por una ley las atribuciones que le concede la Constitución Política, puede presentar un recurso de inconstitucionalidad especialísimo, denominado: de conflicto de competencia y constitucionalidad entre poderes del Estado, el cual se incluirá en las reformas a la Ley de Amparo.
Quedó establecido que este tipo de recurso sólo puede ser presentado por los titulares de cada uno de los poderes del Estado, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Corte tendrá un plazo de 30 días para resolver el conflicto, si no se le suspenderá el salario a todos los magistrados.
Esta medida incluye la suspensión de todos los beneficios económicos que reciben los magistrados de la CSJ, aparte de su salario, indicó el diputado sandinista Edwin Castro.
El diputado liberal José Pallais explicó que, una vez que una ley sea publicada, hay un plazo de 30 días para que un Poder del Estado pueda recurrir de inconstitucionalidad en contra de la misma e inmediatamente se suspenderá el efecto de dicha ley.
Luego se le dan 30 días a la Corte Plena para que resuelva el conflicto, con un quórum mínimo de 11 magistrados y con nueve votos como mayoría para tomar una decisión, igual como ocurre con el recurso de inconstitucionalidad.
De esa manera el efecto de la ley no estará más de 60 días sin vigencia, para que los conflictos entre poderes del Estado no se prolonguen demasiado tiempo y afecten la estabilidad del país, como ha sucedido en cada uno de los gobiernos desde 1990 y como ocurrió en el pasado año 2007, cuando la Ley 630 declaró ilegales a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
En diciembre pasado los magistrados sandinistas, a espaldas de los liberales, declararon inconstitucional la Ley 630, y reconociendo la legalidad de los CPC, originándose una crisis que paralizó a la Asamblea Nacional y a la Corte Suprema.
“Lo importante es que no estamos resolviendo la crisis de ahorita, estamos resolviendo una crisis recurrente desde el Gobierno de la Violeta (de Chamorro 1990-1996)”, dijo Edwin Castro.
Con esta reforma a la Ley de Amparo, los diputados pretenden que se resuelvan con rapidez futuros conflictos entre poderes del Estado.
“Ahora contamos con una herramienta jurídica para que en el futuro, si suceden esos conflictos, puedan ser solucionados por la Corte Suprema de Justicia en un plazo que no permita la prolongación o las consecuencias de inestabilidad y perjuicio económico que tradicionalmente afectan al país”, expresó el diputado Pallais.
El diputado Castro expuso que si los magistrados de la CSJ no resuelven el conflicto entre poderes del Estado en 30 días, se les suspenderán los salarios y todos los beneficios que reciban, hasta que no hayan resuelto el conflicto.
La ley entrará en vigencia a los 60 días de presentado el conflicto ante la CSJ, pero los magistrados deberán siempre resolver el conflicto.
CON URGENCIA
El proyecto de reforma, a presentarse con trámite de urgencia, será aprobado por los diputados de la Asamblea Nacional, porque ya fue consensuado con las bancadas del Frente Sandinista (FSLN), Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), según indicaron Castro y Pallais.
Ambos dijeron que el proyecto fue firmado por ellos en nombre del PLC y el FSLN, y por Enrique Sáenz del MRS y Adolfo Martínez de la ALN. El diputado Pallais dijo que la reforma a la Ley de Amparo podría ser aprobada el viernes de la próxima semana.
“Aquí nadie cedió. Aquí no fue tercia. Nos sentamos a buscar consenso. Aquí ganó Nicaragua”, dijo Edwin Castro, quien negó que los sandinistas hayan impuesto su propuesta de reforma a la ley.
