GUATEMALA .- Las figuras de al menos 13 comisionados presidenciales que fueron creadas por el anterior gobierno, fueron eliminadas por el presidente Alvaro Colom, como parte de un plan de austeridad de su administración que inició el pasado 14 de enero. El vocero del presidente Colom, Fernando Barillas, dijo hoy a periodistas que el mandatario ha considerado que esas figuras no funcionan para su gobierno.
Según Barillas, el trabajo que hacían estos comisionados será absorbido por los distintos ministerios porque había una "duplicidad de funciones".
Los temas que trataban los comisionados para la Transparencia o el de Competitividad, por ejemplo, serán abordados ahora por la Vicepresidencia y el Ministerio de Economía, respectivamente, explicó.
El vocero presidencial indicó que en los próximos 15 días el gobernante tiene previsto anunciar el monto que ahorrará su Administración al eliminar estas figuras que fueron creadas por el gobierno del presidente óscar Berger (2004-2008).
Barillas aseguró que la medida adoptada contribuirá al "fortalecimiento de la institucionalidad del gobierno" del socialdemócrata Alvaro Colom.
Los comisionados presidenciales, algunos de los cuales contaron con fondos públicos, eran una especie de asesores del mandatario.
A cambio de estas figuras, el gobernante ha anunciado la creación de tres Consejos, uno de los cuales, el de Cohesión Social, que coordina su esposa, Sandra Torres, ya comenzó a funcionar y es el responsable de reorientar la inversión social.
Además creará el Consejo de Desarrollo Rural y el de Desarrollo Democrático, además de las secretarías de Asuntos Específicos, Asuntos Interinstitucionales y de Gabinete Presidencial.
Barillas también comentó que el gobierno ha decidido quitar privilegios a varios funcionarios de la Administración Pública.
Según el vocero presidencial, se reducirán los gastos en teléfonos celulares, combustibles y vehículos, dado los excesos que se han encontrado durante los días que lleva al frente de la presidencia Colom.
El anterior gobierno, según los primeros hallazgos, ha dejado una deuda de casi 3.000 millones de quetzales (unos 388 millones de dólares), sobre todo en pagos por construcción y mantenimiento de carreteras, los cuales tiene que cancelar esta Administración.
