El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, dijo que será difícil aprobar la normativa de la Ley de Carrera Judicial antes del 31 de este mes, tal como se había prometido.
De esta Normativa de la Ley de Carrera Judicial estarían excluidos los médicos forenses y los registradores. No obstante, la defensora pública Marielos Mendoza no quiere formar parte de dicha Normativa, sino que aboga por un reglamento aparte para su institución.
“Yo siempre lo dije (aprobar la normativa) en el año 2007, ya en el 2008 no me he comprometido a tal cosa, pero sí me comprometí a convocar a Corte Plena todos los lunes, miércoles y viernes, y estamos cumpliendo. Eso no es cosa de cómo se dice vulgarmente ‘soplar y hacer botellas’, cada quien tiene su criterio en cada artículo y eso ha tomado tiempo”, indicó el magistrado.
“Apenas estamos en el proceso disciplinario, ahí estamos”, agregó Martínez.
Pero los diferentes sindicatos están presionando para que se apruebe la Normativa de la Ley.
La Ley de Carrera Judicial fue aprobada en lo general en el año 2004, pero aún están luchando por obtener beneficios importantes.
El último borrador de la Ley de Carrera Judicial ubica a los defensores públicos, médicos forenses y registradores como “funcionario auxiliares a la justicia”, en un orden jerárquico en el que los jueces y magistrados ocupan un sitio privilegiado, por lo que, a juicio de la médico forense Sara Mora Grillo, es una ley dirigida principalmente hacia los jueces y magistrados.
“Esa ley no está destinada para nosotros”, comentó la doctora Mora Grillo.
Por eso dicha ley genera la angustia para defensores, forenses y registradores, de que si todos los beneficios que otorga ese código a los jueces y magistrados son aplicables también para ellos.
En el caso de los forenses, ellos desean obtener otros beneficios que los protejan de los riesgos a los que están expuestos en su labor particular, sobre todo biológicos, pero también jurídicos.
Una de las demandas que harán, según explicó la forense Mora Grillo, es que cuando se les procese administrativamente, cada médico forense se haga acompañar de un abogado, porque ellos desconocen muchos términos jurídicos.
Los forenses también abogan porque se les determine un criterio de ingreso ajustado a las exigencias de la profesión, para que de esa manera se le garantice atención de calidad a la ciudadanía.
“Lo que se desea es que se nos dé el mismo trato que se les da a los jueces y magistrados”, resumió la forense Mora Grillo.
Otros forenses, de manera extraoficial, comentaron que si no se les va a incluir dentro de la Ley de Carrera Judicial, es mejor para ellos porque así podrán trabajar en otros centros de trabajo fuera del Instituto de Medicina Legal.
TRASLADOS OBLIGATORIOS NO
El presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic), Carlos Padilla, explicó que aún dialogan con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que los traslados o promociones de los jueces no sean de carácter obligatorio, sino que dichos movimientos cuenten con la aprobación de los judiciales a remover.
Padilla explicó que Ajumanic no está absolutamente conforme con la normativa y está realizando algunas propuestas, como que la promoción de los jueces no sea obligatoria y esperan todavía que sea posible una reforma a la normativa que está programada para ser aprobada antes del 31 de enero.
Según un estudio de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés), es vital para la independencia de los jueces que no sean removidos de sus cargos de forma arbitraria y recomienda que la Ley de Carrera Judicial brinde seguridad en sus puestos a los judiciales, para que de esa manera fallen los casos apegados a Derecho y sin temor a represalias de parte de los magistrados de la Corte Suprema.
Otra de las preocupaciones de Ajumanic es la situación de los jueces suplentes, quienes ni siquiera aparecen en planilla de la CSJ.
El objetivo es que los jueces suplentes sean considerados al mismo nivel que los jueces propietarios, puesto que cumplen las mismas funciones y tienen las mismas obligaciones y deberes.
NORMATIVA DE DEFENSORES, YA
Una de las principales inquietudes de la directora de la Defensoría Pública, Marielos Mendoza, se trata sobre un reglamento interno que se está creando para los defensores públicos.
De acuerdo con Mendoza, dicho reglamento interno está bien pensado puesto que los defensores públicos cumplen funciones diferentes a los jueces, en lo que a administrar justicia se refiere.
“No es conveniente que se meta a los defensores públicos en el mismo bolsón de los jueces. No me puede evaluar un juez el trabajo de mi defensor”, dijo Mendoza.
Pero ese reglamento debe ser aprobado en un plazo de 30 días como máximo, una vez que se apruebe la normativa de la Ley de Carrera Judicial, para que no ocurra lo mismo que con esta última normativa, pues la Ley fue aprobada en el año 2004 y la normativa, tres años después, aún no se aprueba.
Mendoza explicó que la Defensoría Pública ha demostrado que defiende con diligencia a los reos de escasos recursos, por lo que no es un inconveniente que formen parte de la Corte Suprema de Justicia, que también cobija a los jueces.
Una de las disposiciones que, a criterio de Mendoza, debería implantarse en el reglamento interno de los defensores es que las faltas leves sean dilucidadas en el seno de la misma Defensoría Pública, para evitar que nimiedades lleguen a la Corte Suprema y darle una respuesta pronta a la población.
