El Gobierno de Nicaragua estaría evadiendo al menos 12 millones de dólares al mes provenientes de la cooperación de Venezuela, que de estar presupuestados deberían recibirlos las universidades, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los 153 municipios del país, declararon ayer tres diputados de la Asamblea Nacional.
De acuerdo a la Constitución y las leyes, las universidades públicas deben recibir un seis por ciento de los ingresos ordinarios y extraordinarios. A la CSJ le corresponde el cuatro por ciento y a las municipalidades entre el siete y el diez por ciento.
Sin embargo, el Gobierno del presidente Daniel Ortega se resiste a que la cooperación de Venezuela, especialmente en el ámbito petrolero, forme parte del presupuesto, con lo cual evita “cotizar” a las universidades, municipios y CSJ.
El diputado y ex ministro de Hacienda, Eduardo Montealegre, estimó que en términos de petróleo, Nicaragua recibe de Venezuela unos seiscientos mil barriles al mes.
Al calcular un precio de cien dólares el barril de petróleo, Nicaragua obtiene sesenta millones de dólares al mes, de los cuales el diez por ciento (seis millones) corresponde a los municipios, otro seis por ciento (3.6 millones) a las universidades y el cuatro por ciento (2.4 millones) a la CSJ.
Pero al no estar presupuestada esa cooperación, ni las universidades ni la CSJ ni los municipios obtienen las millonarias partidas.
“Si todos los otros rubros de cooperación externa cuentan como base de cálculo, por qué no se va a hacer con esta (cooperación de Venezuela). A nuestro juicio, debe pasar por el presupuesto y al momento de entrar al presupuesto, entra al monto global para fines de cálculo y no necesariamente para fines de financiamiento”, explicó Montealegre.
AMARGO RECUERDO DE CRUENTAS PROTESTAS
En años anteriores, los estudiantes universitarios, liderados por sandinistas que hoy ocupan diputaciones, protagonizaron cruentas batallas y largas negociaciones con gobierno no sandinistas en reclamo de un “seis por ciento constitucional”. Varios estudiantes y policías murieron a lo largo de los años en las batallas. Pero ni el año pasado ni en éste se han visto las protestas.
“Con base en qué razones el Presidente de la República hizo la mayor privatización en la historia de Nicaragua (...) porque privatizó de manera unilateral e ilegal, probablemente más de mil millones de dólares, que es por lo bajo en lo que se calcularía la cooperación venezolana en los cinco años de Gobierno”, reclamó el diputado y presidente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Enrique Sáenz.
RECTORES SATISFECHOS
El Consejo Nacional de Universidades (CNU) que en años anteriores respaldó las violentas protestas callejeras por el seis por ciento, justifican su actual posición pacífica ante el tema, señalando la traba legal que implica que la colaboración venezolana no esté dentro del presupuesto.
“No es que lo pidamos. Es que el seis por ciento, según la Constitución y la Corte Suprema de Justicia, se calcula del total de gastos, no importa de dónde provengan, si los recursos provienen de donaciones o de lo que sea. Si el gasto proviene de eso, el seis por ciento debe calcularse sobre esa base”, ha manifestado en otras oportunidades el presidente del CNU, Telémaco Talavera.
Aunque las declaraciones que sobre el tema ha ofrecido César Pérez, presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), dejan más claro el asunto al señalar que no tienen planes de reclamar el seis por ciento, porque ya se les está entregando lo que corresponde.
“En los últimos años no se han hecho reclamos de las sobrerrecaudaciones que hace el Estado. Lo que planteábamos en los años anteriores es que el Gobierno ocultaba presupuesto para no entregar completo el seis por ciento”, ha explicado Pérez, recientemente al ser consultado si reclamarían que la cooperación venezolana entrara en los cálculos para el seis por ciento a las universidades. Los diputados de la oposición reiteran que el Gobierno oculta los fondos de Venezuela.
El presupuesto del 2007 para el CNU fue de unos 1,495 millones de córdobas.