La puesta en libertad —bajo el régimen de convivencia familiar extraordinario— de William Hurtado, asesino del periodista Carlos Guadamuz, fue uno de los casos expuestos ayer por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y Red de Mujeres contra la Violencia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El director ejecutivo del Cenidh, Bayardo Izabá, y una de las miembro de la Red de Mujeres, Juana Jiménez, denunciaron al Estado de Nicaragua por el beneficio concedido a Hurtado por supuestos problemas de salud, “(un) militante del FSLN”, a tan sólo cuatro años de permanecer en prisión.
Los intentos por liberar al militante del PLC y ex alcalde, Eugenio Hernández, asesino de la periodista María José Bravo, a través de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, e impedido por una publicación de LA PRENSA, también fueron denunciado ante la CIDH.
Jiménez es una de las nueve activistas acusadas por supuesta complicidad en el aborto de la niña conocida como Rosita.
Este caso es uno de los motivos de la denuncia ante la CIDH.
La deportación de Eric Stanley Volz, acusado como coautor del delito de asesinato atroz de su novia, la nicaragüense Doris Ivania Jiménez Alvarado, también fue mencionado en esa audiencia.
En el escrito presentado ante la CIDH ambos representantes señalan que en Nicaragua el año pasado “ la justicia constituyó el punto más débil de la institucionalidad democrática (...) en virtud que el Poder Judicial siguió siendo utilizado por los partidos políticos y los sectores económicos, religiosos, vinculados a ellos, para el tráfico de influencias, el clientelismo político”.
“Todo esto ha generado un ambiente de inseguridad jurídica en toda la población”, sostuvo el representante del Cenidh.
Los activistas de derechos humanos solicitaron ante la CIDH que el relator de país y la relatora de la mujer de la CIDH visiten Nicaragua a fin de verificar los hechos expuestos y elaboren un informe sobre la situación. Piden: “Que se ponga atención especial al caso de las nueve mujeres defensoras investigadas por el Ministerio Público”.
