La agricultura argentina se transforma en el principal opositor de los Kirchner y desata la peor crisis política desde 2002

“Hicieron enojar a un manso”, dice Alfredo de Angeli, un pequeño productor agropecuario de la provincia argentina de Entre Ríos, que se convirtió en uno de los líderes espontáneos de la enorme protesta que sacudió al campo argentino.

Durante 21 días, una buena parte de los cerca de 200,000 productores agropecuarios del país no vendieron granos ni carnes y se volcaron a las carreteras, donde impidieron el paso de camiones con productos agrícolas, lo que provocó un fuerte desabastecimiento de alimentos en los principales centros urbanos.

La gota que rebasó el vaso fue el alza de los impuestos a la exportación de granos y subproductos —conocidos como retenciones— y la instauración de un esquema de alícuotas móviles que suben y bajan al compás de los precios internacionales. Si alguien exportara soja hoy, el fisco se quedaría con más del 40 por ciento de la facturación bruta sin contar otros impuestos.

Las retenciones son cobradas por el gobierno nacional, el cual no está obligado legalmente a repartirlas entre los Estados provinciales, por lo que muchos lo ven como otra de las tantas iniciativas que ha emprendido para transferir la riqueza del campo a las ciudades, una práctica común en el país. El problema es que el campo argentino de hoy es muy distinto al de otros tiempos, gracias al acceso del capital internacional, la alta tecnología y el desarrollo de toda una clase media que se ha beneficiado de los buenos precios de los últimos años. El conflicto de hoy puede que no se apague tan fácilmente como en el pasado.

Para explicar el aumento de las retenciones, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner argumentó la necesidad de frenar el proceso de sojización.

Hoy, más de la mitad de los 30 millones de hectáreas sembradas en Argentina está dedicada a producir esa oleaginosa (16.4 millones), lo que transforma al país en el primer productor global de aceite y harina de soja. La Presidenta también marcó la necesidad de “redistribuir la riqueza generada por la renta extraordinaria del campo”, “controlar los precios de los alimentos al consumidor” y “promover el agregado de valor a la producción granaria”.

Ante la oposición, Fernández acusó a los agricultores de “extorsionadores”, “golpistas” y “terratenientes insaciables”, siguiendo el listado de epítetos que su esposo había iniciado un par de años antes, al llamarlos “oligarquía vacuna” y “angurrientos”.

De hecho, en marzo de 2006, para controlar la inflación, Néstor Kirchner cerró las exportaciones de carne vacuna, que todavía siguen restringidas. Durante su gestión se pusieron precios máximos a la hacienda en pie, al litro de leche cruda y un tope a las exportaciones de leche en polvo. Además, los envíos de trigo están cerrados desde noviembre.

OTRAS RAZONES

Para muchos economistas independientes, la verdadera motivación del alza de las retenciones es su necesidad de recaudar más. En 2007, año de elecciones presidenciales, el gasto del gobierno creció aceleradamente y debilitó el superávit fiscal primario, del orden del 3.5 por ciento del PIB, que caracterizó la gestión de Néstor Kirchner. Tomar algunos de los recursos extras que genera la agricultura es el mecanismo más a la mano. Este año las exportaciones de granos y subproductos argentinos llegarán a los US$30,000 millones, el 43 por ciento de todas las exportaciones argentinas. Por las retenciones sobre esa facturación, el Estado recaudará más de US$11,000 millones, la mayor parte aportados por el complejo sojero (poroto, harina, aceite y biodiésel): US$8,000 millones.

Estas restricciones se dan en un momento extraordinario para el sector agropecuario, que experimenta un boom productivo. “El kirchnerismo se empeñó en desconocer la creciente movilización de la emergente clase media rural”, dice el analista sociopolítico Rosendo Fraga. En esa clase se inscriben, además de los productores, ingenieros agrónomos, veterinarios, contratistas (dueños de maquinaria agrícola que siembran, cosechan o fumigan a pedido de los agricultores) y proveedores de servicios para el agro, que han visto mejorar sistemáticamente su nivel de vida desde que comenzó el ciclo alcista hace siete años.

Es un grupo social que convive con productores que hacen agricultura de supervivencia en extensiones mínimas, de las que muchas veces no tienen título legal, y con trabajadores golondrinas informales. A ellos hay que sumar el desembarco de capitales financieros en el agro, empezando por las grandes compañías.

Los Grobo (la empresa del “rey de la soja”, Gustavo Grobocopatel, que explota 200,000 hectáreas) acaba de recibir una inyección del Fondo de Inversión Brasileño PCP por US$100 millones; El Tejar, S.A. vendió el 23.5 por ciento de la empresa a nuevos accionistas estadounidenses y británicos en US$50 millones; Cresud (de Eduardo Elsztain, que maneja 400,000 hectáreas) cotiza en el Nasdaq; y la mutinacional francesa Dreyfus creó Calyx Agro, con la que prevé comprar tierras por US$200 millones.

Este buen momento se refleja en casi todas las escalas del negocio. La explosión de la agricultura revivió cientos de ciudades en el interior del país y empujó otras actividades, como la fabricación de maquinaria agrícola, que en 2007 facturó US$1,050 millones en el mercado interno. O el desarrollo de biotecnología: el tercer mercado en importancia para la multinacional Monsanto —creadora de la soja transgénica— es la Argentina.

En las provincias del norte del país, tierras anteriormente dedicadas a producciones regionales —como el algodón— o la ganadería se reconvirtieron rápidamente en campos sojeros. Este avance de la oleaginosa impactó en los bosques nativos: la tala habría arrasado cerca de un millón de hectáreas de selva en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Tucumán.

Martín Piñeiro Pacheco es un productor agropecuario mediano. Siembra 2,500 hectáreas en El Colorado, Santiago del Estero. En esa zona, las temperaturas son altas y las probabilidades de sequía muy superiores a las de la Pampa Húmeda, la región agrícola más rica del Cono Sur. “¿Qué pasará si enfrentáramos una cosecha de soja con rendimientos inferiores a nuestro punto de equilibrio?”, dice. “Aumentaría nuestra pérdida en más del 40 por ciento por efecto directo de las retenciones”.

La política de los Kirchner hacia el campo provocó la inédita unión de grandes terratenientes (como Elsztain, Grobocopatel o los socios locales de George Soros, de Adecoagro, que manejan 250,000 hectáreas), medianos productores (que promedian las 2,500 hectáreas) y pequeños chacareros (con menos de 500 hectáreas) en un solo reclamo. Según un trabajo de la revista Agromercado, el margen neto por hectárea para un campo con soja en el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de la provincia de Santa Fe —con un rendimiento de 3,200 kilos/ha— bajó con las nuevas retenciones de US$417 a US$294.

En el nuevo esquema de retenciones, si el valor de la soja pasara los US$600 o el maíz, los US$300 dólares, por cada dólar adicional el Gobierno retendría 95 centavos. Esto hace que esos granos tengan un precio máximo —por ahora teórico— que mata la expectativa, los mercados de futuros y opciones y buena parte del esquema de financiamiento de la producción.

El problema es que si bien los precios suben, los costos lo hacen aún más: fertilizantes y herbicidas —piezas clave del negocio— que suben al ritmo del crudo y de los minerales (entre el 80 por ciento y el 150 por ciento en menos de un año); y el gasoil para el campo en las provincias es un 40 por ciento más caro que el que los particulares consiguen en las principales ciudades, aunque el Gobierno alega que sería todavía más caro si dejara de subsidiarlo y liberara los precios, como pretenden las petroleras.

En 2007 el valor de la tierra subió por sexto año consecutivo. Según la Compañía Argentina de Tierras, una de las más tradicionales empresas comercializadoras de campos, en el corazón productivo de la Pampa Húmeda, en los distritos bonaerenses de Rojas, Salto y Pergamino, los precios están en el orden de los US$10,000 a US$12,000 la hectárea, para quien quiera comprar.

El 2 de abril se levantó la protesta por 30 días para facilitar el diálogo con el Gobierno, pero con la amenaza de retomarla si no hay respuesta. El Ministerio de Economía anunció medidas para favorecer a los pequeños productores (un subsidio al transporte de granos a los puertos), pero ellos las consideraban insuficientes.

Varios economistas se manifiestan a favor de un descenso drástico de las retenciones y el alza del impuesto a las ganancias, lo que permitiría a los agricultores beneficiarse de alzas futuras y al Gobierno recaudar más. Pero todavía no sale humo blanco, de modo que lo más probable es que el campo argentino vuelva a ver el humo negro de las carreteras cortadas.

El Gobierno echó mano a los recursos agrícolas justo en un momento extraordinario para el sector.