Realizar juicios orales y públicos en el edificio que alberga a los juzgados en la ciudad de Somoto, en el departamento de Madriz, es toda una odisea para los jueces, fiscales, abogados defensores y miembros de los jurados de conciencia, debido a lo reducido de los espacios donde funcionan las salas donde se realizan los procesos penales.
Hace más de cuatro años que la Alcaldía del municipio de Somoto donó un terreno a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ubicado donde antes funcionó la antigua pista de aterrizaje para que ahí se construyera el complejo judicial del departamento de Madriz, pero el terreno continúa abandonado, sin que hasta la fecha los magistrados de la CSJ muestren interés por iniciar las gestiones para financiar la construcción del complejo judicial.
Sin embargo prefieren pagar mensualmente 450 dólares mensuales en concepto de alquiler por el edificio donde funcionan actualmente los juzgados
Isaías Parrales Borge, juez del Distrito Penal de Juicio de Somoto, dijo a LA PRENSA que en el caso de ese municipio, que es la cabecera departamental de Madriz, se carece de una casa de justicia y señaló que en la mayoría de los municipios del norte de Las Segovias cuentan con una buena infraestructura.
NI ESCRITORIOS
El juez dijo que debido a las limitaciones materiales y de espacio, “hemos tenido que limitar la presencia física de la población en los juicios orales y públicos”.
Entre otras de las carencias que enfrentan los juzgados de Somoto está la falta de computadoras, ya que todavía se continúan usando las desfasadas máquinas de escribir, también se carece de materiales de oficina (papelería, archivadoras, sillas y escritorios), además de vehículos para las diligencias de los judiciales.
